Periodistas asesinados en América Latina en aumento sostenido

América Latina registra una escalada sostenida de violencia letal contra periodistas. Entre enero y julio de 2025, al menos trece comunicadores fueron asesinados, según cifras verificadas por Reporteros Sin Fronteras (RSF). La cifra supera los nueve casos registrados durante todo 2024.

Ocho de los homicidios ocurrieron en México. Los demás se distribuyen entre Perú (2), Colombia (1), Guatemala (1) y Ecuador (1). Las víctimas eran en su mayoría reporteros locales que cubrían temas sensibles como corrupción, crimen organizado, medioambiente y violencia estatal.

Los crímenes se cometieron pese a que en al menos dos casos los periodistas contaban con protección oficial. Varias de las víctimas habían denunciado amenazas previas o eran objeto de campañas de difamación.

RSF denunció que la impunidad persiste en la mayoría de las investigaciones abiertas. La organización advirtió que la falta de respuestas institucionales efectivas alimenta un clima de temor que restringe el libre ejercicio del periodismo.

En México, los asesinatos se concentran en estados con alta presencia del crimen organizado. Entre los casos más recientes está el de Ángel Sevilla, director de Noticias 644, asesinado el 7 de julio en Cajeme, Sonora. También se reportó el hallazgo del cuerpo del periodista Melvin García en Cozumel, Quintana Roo, en avanzado estado de descomposición. Días antes, Ronald Paz Pedro fue asesinado tras transmitir en vivo en Acapulco.

En Perú, los asesinatos de Gastón Medina Sotomayor en Ica y de Raúl Celis López en Iquitos generaron conmoción en el gremio. Ambos habían denunciado amenazas vinculadas a sus investigaciones.

En Colombia, el asesinato de Óscar Gómez Agudelo y el intento de homicidio contra Gustavo Chicangana Álvarez reflejan los riesgos de informar en zonas con presencia de actores armados.

Guatemala y Ecuador también registraron asesinatos de periodistas locales que denunciaban corrupción y violencia.

RSF llamó a los gobiernos de la región a fortalecer los mecanismos de protección y garantizar investigaciones independientes, rápidas y eficaces que pongan fin a la impunidad.